«Llueve mucho». He ahí la primera valoración del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al ser preguntado por la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) que ha derogado la ‘doctrina Parot’. Pues sí, llueve. Más bien truena, y no parece que vaya a escampar. Y la tangente del jefe del Ejecutivo no ha hecho más que fomentar que el temporal arrecie.
Las víctimas de ETA pidieron ayer a la sociedad española que saliera a la calle para exigir una política penal coherente con la dimensión de los crímenes de terroristas como Inés del Río (24 cadáveres a su espalda) o Antonio Troitiño (22 asesinatos más). En Burgos el escenario fue la Plaza Mayor, que estuvo mucho más concurrida que cuando el Foro Burgalés de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, organización convocante, pidió apoyo para repudiar la puesta en libertad de Josu Uribetxeberria Bolinaga, el secuestrador de José Antonio Ortega Lara. Más de 2.000 personas se concentraron, en riguroso silencio, para arropar a las víctimas burgalesas y, por extensión, a todas las demás.
El propio Ortega Lara definió como una «ignominia» la secuencia de acontecimientos que las asociaciones achacan a una «hoja de ruta» perfectamente «cocinada» entre ETA y el Estado para cimentar una paz definitiva. Una paz que, para las víctimas, tiene un precio inasumible que hurga en su dolor y prologa decisiones futuras que, temen irán en contra del principio por el que suspiran: Justicia.
El manifiesto
Las víctimas de ETA pidieron ayer a la sociedad española que saliera a la calle para exigir una política penal coherente con la dimensión de los crímenes de terroristas como Inés del Río (24 cadáveres a su espalda) o Antonio Troitiño (22 asesinatos más). En Burgos el escenario fue la Plaza Mayor, que estuvo mucho más concurrida que cuando el Foro Burgalés de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, organización convocante, pidió apoyo para repudiar la puesta en libertad de Josu Uribetxeberria Bolinaga, el secuestrador de José Antonio Ortega Lara. Más de 2.000 personas se concentraron, en riguroso silencio, para arropar a las víctimas burgalesas y, por extensión, a todas las demás.
El propio Ortega Lara definió como una «ignominia» la secuencia de acontecimientos que las asociaciones achacan a una «hoja de ruta» perfectamente «cocinada» entre ETA y el Estado para cimentar una paz definitiva. Una paz que, para las víctimas, tiene un precio inasumible que hurga en su dolor y prologa decisiones futuras que, temen irán en contra del principio por el que suspiran: Justicia.
El manifiesto
El Foro procedió a dar lectura a un largo manifiesto (varias veces aplaudido por los presentes) que protagonizó un acto programado para «repudiar la bienvenida desde la clase política, los jueces y sin impedimento de este Gobierno» de la sentencia del TEDH, dictamen que también alcanza pro reo a «macabros asesinos» no vinculados a organizaciones terroristas pero igualmente afectados por la derogación.
Allí se culpó a «nuestro débil y acomplejado Código Penal» de fomentar una situación que «a muchos españoles nos parece una pesadilla», motivo por el que urgieron la independencia de «una Justicia que está siendo prostituida por la política». Además de la citada sentencia, se evocó el excarcelamiento de Bolinaga, la «infame decisión de la Audiencia Nacional» de imponer penas mínimas por el caso del chivatazo del bar Faisán, la decisión de la Fiscalía General de no recurrir el fallo, la entrada de «las franquicias de ETA en nuestras instituciones», la libertad de De Juana Chaos y la no detención de Josu Ternera. Dirigiéndose a la clase política, el manifiesto señaló que «estáis contribuyendo a una causa indigna y repugnante».
Por último, el Foro hizo hincapié en su intención de continuar movilizando a la sociedad burgalesa porque «con esto sólo conseguís que la sociedad pierda su fe en la Justicia», advirtiendo que «no os vamos a dejar que escupáis sobre las tumbas de las víctimas». Víctimas como el guardia civil burgalésCarlos Sáenz de Tejada. Su madre, Esther, encontró un hueco entre las lágrimas para poner en valor el precio que pagaron quienes lucharon contra la organización criminal durante medio siglo. «Nosotros somos damnificados; las víctimas son aquellos a los que han asesinado, a los que han lisiado. Ahora nos los vamos a encontrar por las calles y a eso no hay derecho», clamó.
Además de multitud de ciudadanos anónimos, a la concentración en Burgos se sumaron numerosos cargos públicos del PP («devolvedme el voto», le espetó un joven al alcalde, Javier Lacalle, que trataba de mostrar su rechazo a la sentencia del TEDH), entre los que se encontraba el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que se limitó a asistir sin protagonismo alguno. También estuvieron los concejales de UPyD en el Ayuntamiento de Burgos. Pero, sobre todo, hubo muchos hombres y mujeres que no saldrán hoy en el periódico pero que ayer sí salieron a la calle para decir que ETA sigue dando asco. Con o sin tregua.
Allí se culpó a «nuestro débil y acomplejado Código Penal» de fomentar una situación que «a muchos españoles nos parece una pesadilla», motivo por el que urgieron la independencia de «una Justicia que está siendo prostituida por la política». Además de la citada sentencia, se evocó el excarcelamiento de Bolinaga, la «infame decisión de la Audiencia Nacional» de imponer penas mínimas por el caso del chivatazo del bar Faisán, la decisión de la Fiscalía General de no recurrir el fallo, la entrada de «las franquicias de ETA en nuestras instituciones», la libertad de De Juana Chaos y la no detención de Josu Ternera. Dirigiéndose a la clase política, el manifiesto señaló que «estáis contribuyendo a una causa indigna y repugnante».
Por último, el Foro hizo hincapié en su intención de continuar movilizando a la sociedad burgalesa porque «con esto sólo conseguís que la sociedad pierda su fe en la Justicia», advirtiendo que «no os vamos a dejar que escupáis sobre las tumbas de las víctimas». Víctimas como el guardia civil burgalésCarlos Sáenz de Tejada. Su madre, Esther, encontró un hueco entre las lágrimas para poner en valor el precio que pagaron quienes lucharon contra la organización criminal durante medio siglo. «Nosotros somos damnificados; las víctimas son aquellos a los que han asesinado, a los que han lisiado. Ahora nos los vamos a encontrar por las calles y a eso no hay derecho», clamó.
Además de multitud de ciudadanos anónimos, a la concentración en Burgos se sumaron numerosos cargos públicos del PP («devolvedme el voto», le espetó un joven al alcalde, Javier Lacalle, que trataba de mostrar su rechazo a la sentencia del TEDH), entre los que se encontraba el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que se limitó a asistir sin protagonismo alguno. También estuvieron los concejales de UPyD en el Ayuntamiento de Burgos. Pero, sobre todo, hubo muchos hombres y mujeres que no saldrán hoy en el periódico pero que ayer sí salieron a la calle para decir que ETA sigue dando asco. Con o sin tregua.
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