Hoy, al caminar por el sector, se percibe una notoria disminución en
la presencia de consumidores y vendedores de droga. La que sigue
intacta es la profunda e histórica crisis social que hace de El Calvario
una especie de infierno.
Hay un temor claro, lo dijo el coronel Nélson Rincón, comandante
Operativo de la Policía Metropolitana de Cali. “Con la intervención es
un riesgo que este problema se nos pueda atomizar en otros puntos de la
ciudad. Pero es necesario acabar con estos centros de delincuencia”.
Si bien el secretario de Gobierno de Cali, Carlos José
Holguín, ha dicho que “tiene que haber una intervención social que no
va a durar 60 días porque ese tema es complejo”, la ciudad, según los
expertos, está ‘en pañales’ para asumir la atención de la población
vulnerable de las ollas.
Este es el panorama. Aproximadamente 1400 personas viven en El
Calvario. Residen en más de 160 inquilinatos, su mayoría en condiciones
infrahumanas. El Calvario es una de las zonas de Cali con mayor
incidencia de tuberculosis. Le siguen enfermedades de transmisión
sexual, dice Diego Calero, secretario de Salud de la ciudad.
Se cuentan, según el programa de Gestión Social de la Empresa de
Renovación Urbana del Municipio, por lo menos 315 niños y adolescentes
entre los 0 y 14 años. El inicio de consumo de alucinógenos en El
Calvario es a los 9 años. Hay quienes han vivido en el mundo de la droga
de 15 a 20 años, quizás toda una vida. Los expertos no pueden
contabilizar cuánto podría tardar la recuperación de una de estas
personas. Cada uno es un mundo.
En Sucre, la otra olla peligrosa de Cali ,
por cada expendio de droga hay 30 ‘puestos laborales’ directos. Las
otras opciones de trabajo están en las 126 chatarrerías existentes.
Cada una de ellas solo genera 9 empleos directos. La venta de chicles o
fritanga no es lucrativa, dicen allá.
En el barrio, según Aris Molina, presidenta de la Junta de
Acción Comunal de Sucre, hay una población flotante de más de quince mil
personas, incluyendo las que se quedan en la “calle de la heroína”
donde confluyen jóvenes caleños, gringos, españoles y franceses
políglotas.
"Combatir en 60 días estos problemas es una utopía. Aquí hay
delincuentes, eso lo sabemos. Pero hay quienes tienen estos lugares como
sitios de convivencia porque la sociedad no suple las necesidades que
requieren. El Municipio debe sensibilizarse”, dijo Andrés García,
coordinador terapéutico de Samaritanos de la Calle.
Explica García que, pese a que este programa tiene 15 años de
funcionamiento, y es quizá la única experiencia exitosa en el
tratamiento y resocialización de habitantes de la calle, ya debería ser
adoptado como un sistema integral de atención por parte de la
Administración local.
Hoy, el único hogar de paso que funciona con Samaritanos permanece
cerrado. Los trámites administrativos han impedido desembolsar los $400
millones necesarios para su funcionamiento.
Mientras siguen los operativos, las propuestas de intervención social
apenas comienzan a llegar a la mesa. En la renovación urbana del
centro, con el proyecto Ciudad Paraíso, se concentran los esfuerzos para
ello.
La Emru trabaja en procesos de acompañamiento sicosocial con
los propietarios de los 181 predios en los que se construirá la Fase I
del proyecto. Avanzan las asesorías para la relocalización de familias y
comerciantes, pero no habrá reubicación, dijo María Elena López,
gerente de la Empresa de Renovación Urbana del Municipio.
Alrededor de la iniciativa, las secretarías de Salud, Bienestar
Social, entre otras, comenzarán a tejer los proyectos. “Ojalá en los
próximos dos años podamos hacer una intervención social intensiva”, dijo
Carlos José Holguín, secretario de Gobierno de Cali.
“Nos hubiera gustado que la intervención que estamos haciendo llegara
de una vez con el componente social. Pero es más grave quedarnos
esperando a que llegue primero eso, porque es necesario combatir estos
focos que son máquinas de muerte”, afirmó el coronel Nelson Rincón.
Faltan 54 días para que termine la intervención policial en las ollas
de Cali, pero el camino que le espera a la reconversión social de estos
sectores aún es largo por recorrer.
El Ayuntamiento de
Sevilla, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), ha atendido a unas 150
personas en situación de exclusión social y sin hogar, que han contado
con una estancia media de siete días, desde que a principios de julio
activara su 'Campaña de calor 2013'. En el marco de esta campaña, el
Consistorio ha activado un dispositivo especial, tras la nueva alerta
naranja por 'ola de calor' que afecta estos días a la ciudad hispalense,
por el que se han habilitado hasta diez plazas más en el Centro de
Acogida Municipal.
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1899704/0/#xtor=AD-15&xts=467263
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