Todos juntos contra el terrorismo

«Llueve mucho». He ahí la primera valoración del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al ser preguntado por la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) que ha derogado la ‘doctrina Parot’. Pues sí, llueve. Más bien truena, y no parece que vaya a escampar. Y la tangente del jefe del Ejecutivo no ha hecho más que fomentar que el temporal arrecie.
Las víctimas de ETA pidieron ayer a la sociedad española que saliera a la calle para exigir una política penal coherente con la dimensión de los crímenes de terroristas como Inés del Río (24 cadáveres a su espalda) o Antonio Troitiño (22 asesinatos más). En Burgos el escenario fue la Plaza Mayor, que estuvo mucho más concurrida que cuando el Foro Burgalés de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, organización convocante, pidió apoyo para repudiar la puesta en libertad de Josu Uribetxeberria Bolinaga, el secuestrador de José Antonio Ortega Lara. Más de 2.000 personas se concentraron, en riguroso silencio, para arropar a las víctimas burgalesas y, por extensión, a todas las demás.
El propio Ortega Lara definió como una «ignominia» la secuencia de acontecimientos que las asociaciones achacan a una «hoja de ruta» perfectamente «cocinada» entre ETA y el Estado para cimentar una paz definitiva. Una paz que, para las víctimas, tiene un precio inasumible que hurga en su dolor y prologa decisiones futuras que, temen irán en contra del principio por el que suspiran: Justicia.

El manifiesto

El Foro procedió a dar lectura a un largo manifiesto (varias veces aplaudido por los presentes) que protagonizó un acto programado para «repudiar la bienvenida desde la clase política, los jueces y sin impedimento de este Gobierno» de la sentencia del TEDH, dictamen que también alcanza pro reo a «macabros asesinos» no vinculados a organizaciones terroristas pero igualmente afectados por la derogación.
Allí se culpó a «nuestro débil y acomplejado Código Penal» de fomentar una situación que «a muchos españoles nos parece una pesadilla», motivo por el que urgieron la independencia de «una Justicia que está siendo prostituida por la política». Además de la citada sentencia, se evocó el excarcelamiento de Bolinaga, la «infame decisión de la Audiencia Nacional» de imponer penas mínimas por el caso del chivatazo del bar Faisán, la decisión de la Fiscalía General de no recurrir el fallo, la entrada de «las franquicias de ETA en nuestras instituciones», la libertad de De Juana Chaos y la no detención de Josu Ternera. Dirigiéndose a la clase política, el manifiesto señaló que «estáis contribuyendo a una causa indigna y repugnante».
Por último, el Foro hizo hincapié en su intención de continuar movilizando a la sociedad burgalesa porque «con esto sólo conseguís que la sociedad pierda su fe en la Justicia», advirtiendo que «no os vamos a dejar que escupáis sobre las tumbas de las víctimas». Víctimas como el guardia civil burgalésCarlos Sáenz de Tejada. Su madre, Esther, encontró un hueco entre las lágrimas para poner en valor el precio que pagaron quienes lucharon contra la organización criminal durante medio siglo. «Nosotros somos damnificados; las víctimas son aquellos a los que han asesinado, a los que han lisiado. Ahora nos los vamos a encontrar por las calles y a eso no hay derecho», clamó.
Además de multitud de ciudadanos anónimos, a la concentración en Burgos se sumaron numerosos cargos públicos del PP («devolvedme el voto», le espetó un joven al alcalde, Javier Lacalle, que trataba de mostrar su rechazo a la sentencia del TEDH), entre los que se encontraba el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que se limitó a asistir sin protagonismo alguno. También estuvieron los concejales de UPyD en el Ayuntamiento de Burgos. Pero, sobre todo, hubo muchos hombres y mujeres que no saldrán hoy en el periódico pero que ayer sí salieron a la calle para decir que ETA sigue dando asco. Con o sin tregua.

Intervención social, el asunto pendiente de las autoridades en las ollas de Cali

Resultados operativos de la intervención policial en El Calvario: 37.000 dosis de estupefacientes incautadas, más de diez personas capturadas y 300 armas decomisadas. La Policía Metropolitana de Cali, por orden presidencial, ya lleva seis días al interior de esta olla del centro de Cali, epicentro del consumo y del delito.

Hoy, al caminar por el sector, se percibe una notoria disminución en la presencia de consumidores y vendedores de droga. La que sigue intacta es la profunda e histórica crisis social que hace de El Calvario una especie de infierno.

Hay un temor claro, lo dijo el coronel Nélson Rincón, comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Cali. “Con la intervención es un riesgo que este problema se nos pueda atomizar en otros puntos de la ciudad. Pero es necesario acabar con estos centros de delincuencia”.

Si bien el secretario de Gobierno de Cali, Carlos José Holguín, ha dicho que “tiene que haber una intervención social que no va a durar 60 días porque ese tema es complejo”, la ciudad, según los expertos, está ‘en pañales’ para asumir la atención de la población vulnerable de las ollas.

Este es el panorama. Aproximadamente 1400 personas viven en El Calvario. Residen en más de 160 inquilinatos, su mayoría en condiciones infrahumanas. El Calvario es una de las zonas de Cali con mayor incidencia de tuberculosis. Le siguen enfermedades de transmisión sexual, dice Diego Calero, secretario de Salud de la ciudad.

Se cuentan, según el programa de Gestión Social de la Empresa de Renovación Urbana del Municipio, por lo menos 315 niños y adolescentes entre los 0 y 14 años. El inicio de consumo de alucinógenos en El Calvario es a los 9 años. Hay quienes han vivido en el mundo de la droga de 15 a 20 años, quizás toda una vida. Los expertos no pueden contabilizar cuánto podría tardar la recuperación de una de estas personas. Cada uno es un mundo.

En Sucre, la otra olla peligrosa de Cali , por cada expendio de droga hay 30 ‘puestos laborales’ directos. Las otras opciones de trabajo están en las 126 chatarrerías existentes. Cada una de ellas solo genera 9 empleos directos. La venta de chicles o fritanga no es lucrativa, dicen allá.

En el barrio, según Aris Molina, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Sucre, hay una población flotante de más de quince mil personas, incluyendo las que se quedan en la “calle de la heroína” donde confluyen jóvenes caleños, gringos, españoles y franceses políglotas.

"Combatir en 60 días estos problemas es una utopía. Aquí hay delincuentes, eso lo sabemos. Pero hay quienes tienen estos lugares como sitios de convivencia porque la sociedad no suple las necesidades que requieren. El Municipio debe sensibilizarse”, dijo Andrés García, coordinador terapéutico de Samaritanos de la Calle.

Explica García que, pese a que este programa tiene 15 años de funcionamiento, y es quizá la única experiencia exitosa en el tratamiento y resocialización de habitantes de la calle, ya debería ser adoptado como un sistema integral de atención por parte de la Administración local.

Hoy, el único hogar de paso que funciona con Samaritanos permanece cerrado. Los trámites administrativos han impedido desembolsar los $400 millones necesarios para su funcionamiento.

Mientras siguen los operativos, las propuestas de intervención social apenas comienzan a llegar a la mesa. En la renovación urbana del centro, con el proyecto Ciudad Paraíso, se concentran los esfuerzos para ello.

La Emru trabaja en procesos de acompañamiento sicosocial con los propietarios de los 181 predios en los que se construirá la Fase I del proyecto. Avanzan las asesorías para la relocalización de familias y comerciantes, pero no habrá reubicación, dijo María Elena López, gerente de la Empresa de Renovación Urbana del Municipio.

Alrededor de la iniciativa, las secretarías de Salud, Bienestar Social, entre otras, comenzarán a tejer los proyectos. “Ojalá en los próximos dos años podamos hacer una intervención social intensiva”, dijo Carlos José Holguín, secretario de Gobierno de Cali.

“Nos hubiera gustado que la intervención que estamos haciendo llegara de una vez con el componente social. Pero es más grave quedarnos esperando a que llegue primero eso, porque es necesario combatir estos focos que son máquinas de muerte”, afirmó el coronel Nelson Rincón.

Faltan 54 días para que termine la intervención policial en las ollas de Cali, pero el camino que le espera a la reconversión social de estos sectores aún es largo por recorrer.

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), ha atendido a unas 150 personas en situación de exclusión social y sin hogar, que han contado con una estancia media de siete días, desde que a principios de julio activara su 'Campaña de calor 2013'. En el marco de esta campaña, el Consistorio ha activado un dispositivo especial, tras la nueva alerta naranja por 'ola de calor' que afecta estos días a la ciudad hispalense, por el que se han habilitado hasta diez plazas más en el Centro de Acogida Municipal.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1899704/0/#xtor=AD-15&xts=467263

M. Richmond

En 1917 Mary Richmond publicó esta obra basada en sus amplios conocimientos de distintos aspectos sociales. En él establece una teoría y un método, el casework, que durante algunos años fue el principal punto de referencia de la profesión. M. Richmond fue una persona organizada y sistemática en su trabajo, al mismo tiempo que extremadamente creativa e innovadora y, al igual que ocurre con los autores más importantes en el ámbito del trabajo social, en esta obra el público lector hallará aportaciones que, más tarde, y a través de otras disciplinas, han sido más ampliamente conceptualizadas. La concepción de la familia como un grupo, como un conjunto, nos acerca a los enfoques sistémicos posteriores.


El uso de los datos empíricos y de la inferencia de los mismos para llegar a un diagnóstico psicosocial implica la capacidad de establecer hipótesis y de interpretar la realidad del usuario. La investigación aparece como elemento para influir en las formas de ayuda y en el establecimiento de leyes y creación de servicios.


Diagnóstico Social es un tratado de metodología de trabajo social. No faltan en él texto que aluden a temas incipientes en la época de Richmond, como la consideración de los aspectos éticos: la confidencialidad, el uso pertinente de la información y los valores que subyacen a la actitud de ayuda.


Mary E. Richmond (1861- 1928) Nace en Belleville, Illinois, el 5 de agosto de 1861. En 1878 obtuvo el título de bachillerato en el High School de Baltimore. En 1889 comienza a trabajar como tesorera auxiliar para la Organización de la Caridad de Baltimore. Dos años después fue elegida secretaria general de la organización, cargo que ocupó durante diez años; allí desarrolló sus ideas propias, como la importancia de conocer los antecedentes de las personas que necesitaban asistencia social.


Una de sus primeras obras fue un pequeño manual, Friendly visiting among the poor: a handbook for charity workers (1899), donde precisa los aspectos que son importantes para realizar un trabajo de asistencia en los hogares de los pobres.


En 1897 intervino en la Conferencia Nacional de Instituciones de Caridad donde señala la necesidad de crear un centro de formación de los trabajadores sociales. El año siguiente se concreta esta idea, creándose la Escuela de Filantropía Aplicada, en Nueva York, a la que se incorporó como docente.


En 1921 obtuvo el título honorario de máster de las Artes del Smith College por "instituir las bases científicas de una nueva profesión". Este título la consagra como una de las principales fundadoras del Trabajo Social.


Pero, sin duda alguna, la grandeza de Mary Richmond radica en su temprana contribución a la teoría y al método de la disciplina que desarrolla en sus dos libros fundamentales, Social Diagnosis (1917) -el primer trabajo comprehensivo sobre la teoría y el método del trabajo social- y What is social case work?: an introductory description (1922), con los que, en cierta medida, quedó institucionalizado el término de trabajo social de casos. Sus obras han influido durante generaciones en los trabajadores sociales de todo el mundo